El TTIP
se votó a principios del 2013 con el objetivo de incrementar el comercio y la
inversión entre EEUU y la Unión Europea. Este acuerdo está pensado para mejorar
el acceso a los mercados, la contratación pública y a los servicios, reduciendo
tanto las tarifas aduaneras cómo los trámites burocráticos y producir un
incremento de las exportaciones.
Sin
embargo, las negociaciones se están convirtiendo en un proceso largo y
espinoso, ya que se está tratando mucho más que un acuerdo de libre comercio.
Otros objetivos como armonizar normas, controles y exigencias administrativas,
coordinar las leyes o facilitar las inversiones, están complicando las
negociaciones debido a los intereses individuales de cada una de las partes. Estas
tensiones han llevado a una temprana división entre detractores y partidarios
del proceso.
La
cooperación regulatoria es un punto clave en el acuerdo, la cual afectará
principalmente a nueve sectores (farmacéutico, textil, automoción...),
intentando armonizar así la legislación económica entre EE.UU y la Unión Europea.
En lo referente a las normas, se pretende negociar un mutuo reconocimiento de
ellas para eliminar las restricciones, especialmente en las referentes al
desarrollo sostenible, normas laborables, energía, Pymes, protección de la
inversión e indicaciones geográficas.
Un punto
importante que se intenta negociar es la creación de un tribunal de arbitraje, el
cual permita a las empresas obviar el sistema jurídico de cada país y recurrir
directamente ante esta instancia cuando crea que un Estado se ha saltado lo
convenido en el tratado, con la posibilidad de imponer multas multimillonarias,
evitando de esta manera casos como el sucedido con Repsol en Argentina. No
obstante, es importante destacar que ningún acuerdo irá en contra de los
derechos de los gobiernos de regular su propia economía.
Este asunto ha causado cierta controversia en la ronda de preguntas, puesto que la transparencia en el proceso de nombramiento de los jueces de dicho tribunal es un tema de alto interés debido a los numerosos casos de corrupción que han sucedido en nuestro país en los últimos tiempos.
Por
otra parte, también se ha hablado sobre el acuerdo de libre comercio entre
Canadá y la UE (CETA). A diferencia del TTIP, el acuerdo entre Canadá y la UE
se concluyó en 2014 y de él sí se puede decir que la transparencia ha estado
totalmente ausente en el proceso, ya que ni el Parlamento Europeo ni la
ciudadanía han tenido acceso a los documentos durante las rondas de negociaciones.
Sus
principales objetivos son aumentar las relaciones bilaterales de comercio e
inversión, eliminando obstáculos arancelarios y no arancelarios que
dificultaban las exportaciones para las empresas europeas, en la mayormente las
pymes.
En
el comercio de bienes se eliminarán prácticamente todo tipo de aranceles,
excepto para determinados productos sensibles de agricultura y pesca, en los
cuales se mantendrá un tratamiento específico
e incluso algunos quedarán excluidos de los compromisos de liberación.
El acuerdo también permitirá reforzar la presencia comercial en el sector
servicios, evitar las dobles homologaciones mediante los certificados de
conformidad, proteger las denominaciones de origen mediante localizaciones
geográficas reconocidas y facilitar el acceso al mercado de compras públicas
canadiense.
En
España la opinión se encuentra dividida, ya que por una parte estos tratados
afectan positivamente a las pymes exportadoras de algunos sectores, como el
textil y confección, conservas de pescado y otros productos agroalimentarios,
mejorando su posición con respecto a otros países que tienen que pagar dichos aranceles
aduaneros. Sin embargo, otros sectores, como por ejemplo el ganadero, se verán fuertemente
afectados a pesar de que la eliminación de las restricciones aduaneras no sea total,
ya que tanto Canadá como EEUU son más competitivos en este ámbito. Por otra
parte también se teme que estas políticas afecten negativamente a la
legislación que protege los derechos de la ciudadanía y el medioambiente, ya
que los estándares en estos temas son sensiblemente diferentes entre los tres
países.
Por lo tanto, solo nos queda
esperar y ver si unos tratados pensados para beneficiar a tres grandes
potencias no acabarán afectando a las regiones más desfavorecidas. Esto, sólo
el tiempo lo dirá.
Ana Gómez Sánchez e Iria González Argibay
Alumnas de 4º Grado ADE 
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