Lobos con piel de cordero: la vergüenza de las participaciones preferentes

Por Rosa Eiras Piñeiro

Las participaciones preferentes han ocupado en los últimos tres años un elevado número de portadas y noticias referidas a la actualidad económica y social. Y es que… ¿quién todavía no ha oído hablar de estos famosos productos bancarios complejos? En estos momentos los ánimos parecen estar “más calmados”, pero recordemos que hace apenas un año estos instrumentos ocupaban la mayor parte de los medios de comunicación y no dejaban indiferente a nadie. ¿Por qué tal repercusión?

Estos productos, un tipo de los denominados valores tóxicos, son emitidos por las entidades financieras e implican un alto riesgo con el que los suscriptores no contaban. Son muchos los productos complejos que existen: depósitos estructurados, derivados financieros como los contratos “swaps” o “forward”, los “floor” y “cap”, etc, todos ellos están caracterizados por una alta rentabilidad pero escasa seguridad. Algunos son productos híbridos, ya que provienen de elementos de distinta naturaleza. Esto es combinan modalidades de capital y de deuda.

Pero de todos ellos, los más extendidos en nuestro país y que más han dado que hablar, por el bajo perfil financiero de la mayor parte de los suscriptores, son las participaciones preferentes. La entidad que las emite, no otorga derechos políticos al inversor, es decir, estos no tienen ningún derecho político sobre la empresa como puede tener un accionista, no poseen capacidad de decisión mediante el voto. Funcionan como los bonos, son títulos de deuda por los que se recibe un beneficio. Sus principales características son la perpetuidad y alta rentabilidad. Los intereses que se ofrecen por estos productos son muy altos, pero la condición para recibirlos es que la entidad que los emite debe registrar beneficios.

Para las entidades financieras que las venden, suponen una interesante fuente de financiación. La crisis que atravesamos les ocasionó problemas de liquidez y solvencia, de esta forma, eran capaces de aumentar sus fondos propios gracias al dinero que recibían de los inversores que adquirían participaciones preferentes. Las sociedades deben de mantener unos recursos propios mínimos con el fin de garantizar su solvencia, y estos productos pueden ser emitidos para aumentarlos ya que son considerados capital propio, concretamente pertenecientes al tier 1. Hasta aquí, todo parece medianamente lógico, pero, ¿qué ha pasado para que tales productos provocasen este malestar social? Pues bien, las entidades de depósito no los vendieron como debían. Por ser productos de tales características tendrían que ser destinados a inversores institucionales, es decir, entidades y personas con amplios conocimientos financieros. No son productos aconsejables para inversores minoristas, aunque finalmente estos fueron sus mayores adquirentes.

 Este no fue el único error que han cometido las entidades al colocar las participaciones preferentes en el mercado, sino que además de vendérselas a quién no debían, dichos minoristas han sido engañados, en su mayoría, por su perfil de escasa cultura financiera. No les informaban de las características que realmente tenían y se aprovechaban de la confianza que los clientes poseían en su entidad de “toda la vida”. La clave estaba en omitir la información. Además, para verificar que el comprador poseía los conocimientos precisos para poder adquirirlo, debían realizarle previamente un test de idoneidad para cerciorarse de que dicha persona obtenía los productos siendo consciente de los riesgos que suponían. En este vídeo de TV, podemos comprobar que “ancianos de 90 años” no son el perfil idóneo de cliente para comprar estos productos. Los testimonios de cada uno de ellos son desgarradores.

 

Se calcula que la cifra de afectados por las preferentes ronda los 700.000 [1]. A la cabeza de la emisión se encuentran las entidades de La Caixa, Bankia y BBVA. Esta última fue la primera en emitir participaciones preferentes en el año 1998.

Fuente: El Defensor del Pueblo, “Estudio sobreparticipaciones preferentes”

Como vemos, su origen ya se remonta a más de una década. Pero no fue hasta el año 2008 cuando se produce su enajenación de forma masiva, coincidiendo con los primeros años de la crisis. Esto no es una pura coincidencia, en aquel momento las entidades comenzaban a notar sus pequeños problemas de insolvencia, mientras que la crisis aún no estaba del todo presente. No pensaron que llegaría tan lejos, sino que aquel era un problema pasajero, por eso decidieron acudir a la emisión de estos productos. Pero se le fue de las manos y no le salió como esperaban. Años después cuando la crisis se asentaba en la sociedad, la gente acudía en busca de sus ahorros y se encontraba con que no podían recuperarlos.

¿Cómo podemos calificar esta conducta? Inmoral, robo, deshonestidad, engaño… Les vendieron una “altísima rentabilidad, dinero al momento”, y con estos argumentos conseguían captar a los ahorradores. Hay quienes apuntan que el problema radica en “la incultura financiera de los españoles, en su imprudencia y en los errores que cometen los afectados”, como dijo Manuel Llamas en uno de sus artículos [2].

 

Bien es cierto que los afectados han depositado total confianza en sus entidades y eso, en parte, es lo que le ha llevado a esto.  Sin duda, todo esto ha sido lamentable “vivimos una gran mentira” (así lo cree el escritor y periodista David Pérez Tallón), donde aprovecharse de la sociedad y de la confianza proporciona rentabilidad. Cierto es, que el proceso de arbitraje que se está siguiendo está devolviendo el dinero a muchos de los clientes, pero el “mal rato” que les han hecho pasar ya no se lo quita nadie.

 

Desde mi punto de vista VERGÜENZA, puede ser una buena palabra que resuma la situación que hemos vivido. Este proceso se origina como una forma de resolver el conflicto creado entre entidades e inversores sin la necesidad de que estos últimos acudan a los juzgados ya que es realizado por la propia entidad. El afectado presenta su petición a la entidad para ser acogido al proceso de arbitraje y que le devuelvan su dinero y atendiendo a las características del inversor y la situación en la que se ha producido la comercialización, se toma una decisión. Dichas características tienen una orden de preferencia y son las siguientes: en primer lugar, se atenderá a aquellas personas que tengan mayor necesidad, seguido del criterio de la edad (de mayor a menor) y de los conocimientos financieros que poseen. Todo ello bajo una comisión supervisora formada por miembros de la CNMV y del BE. [3]

 

Pero aún quedan muchas incógnitas por resolver: ¿quiénes han sido los culpables?, ¿los consumidores por haber adquirido dichos productos?, ¿los bancos por habérselos vendido?, ¿el gobierno por haberlo permitido? En teoría, las entidades financieras están supervisadas por una entidad mayor, el Banco de España, que se supone que vela por el bienestar del conjunto de la sociedad, así como también la CNMV un organismo protector, supervisor y que busca la transparencia en los mercados financieros. ¿Qué papel han jugado estos organismos? ¿Han cumplido alguna de sus funciones? Muchas incógnitas, y tan solo unas víctimas afectadas de verdad, la gente humilde y honesta de la sociedad.

 

[1] Cifra emitida por ADICAE (Asociación dedicada a proteger a los usuarios bancarios), aunque el Ministro de Economía Luis de Guindos, en la comparecencia del 22 de marzo de 2012, la cifra en 300.000.

[2] "Preferentes: ni fraude ni estafa ni engaño". El autor es analista del instituto Juan de Mariana y redactor jefe de Economía en Libertad Digital.

[3] Adicae lo resume en el gráfico que se puede ver aquí.