Las
participaciones preferentes han ocupado en los últimos tres años un elevado
número de portadas y noticias referidas a la actualidad económica y social. Y
es que… ¿quién todavía no ha oído hablar de estos famosos productos bancarios
complejos? En estos momentos los ánimos parecen estar “más calmados”, pero
recordemos que hace apenas un año estos instrumentos ocupaban la mayor parte de
los medios de comunicación y no dejaban indiferente a nadie. ¿Por qué tal
repercusión?
Estos
productos, un tipo de los denominados valores tóxicos, son emitidos por las
entidades financieras e implican un alto riesgo con el que los suscriptores no
contaban. Son muchos los productos complejos que existen: depósitos
estructurados, derivados financieros como los contratos “swaps” o “forward”,
los “floor” y “cap”, etc, todos ellos están caracterizados por una alta
rentabilidad pero escasa seguridad. Algunos son productos híbridos, ya que
provienen de elementos de distinta naturaleza. Esto es combinan modalidades de
capital y de deuda.
Pero
de todos ellos, los más extendidos en nuestro país y que más han dado que
hablar, por el bajo perfil financiero de la mayor parte de los suscriptores,
son las participaciones preferentes. La entidad que las emite, no otorga
derechos políticos al inversor, es decir, estos no tienen ningún derecho político
sobre la empresa como puede tener un accionista, no poseen capacidad de
decisión mediante el voto. Funcionan como los bonos, son títulos de deuda por
los que se recibe un beneficio. Sus principales características son la perpetuidad y alta rentabilidad. Los intereses que se ofrecen por estos productos
son muy altos, pero la condición para recibirlos es que la entidad que los
emite debe registrar beneficios.
Para
las entidades financieras que las venden, suponen una interesante fuente de
financiación. La crisis que atravesamos les ocasionó problemas de liquidez y
solvencia, de esta forma, eran capaces de aumentar sus fondos propios gracias
al dinero que recibían de los inversores que adquirían participaciones
preferentes. Las sociedades deben de mantener unos recursos propios mínimos con
el fin de garantizar su solvencia, y estos productos pueden ser emitidos para
aumentarlos ya que son considerados capital propio, concretamente pertenecientes
al tier 1. Hasta aquí, todo parece medianamente lógico, pero, ¿qué ha pasado
para que tales productos provocasen este malestar social? Pues bien, las entidades
de depósito no los vendieron como debían. Por ser productos de tales
características tendrían que ser destinados a inversores institucionales, es
decir, entidades y personas con amplios conocimientos financieros. No son
productos aconsejables para inversores minoristas, aunque finalmente estos
fueron sus mayores adquirentes.
Este no fue el único error que han cometido
las entidades al colocar las participaciones preferentes en el mercado, sino
que además de vendérselas a quién no debían, dichos minoristas han sido
engañados, en su mayoría, por su perfil de escasa cultura financiera. No les
informaban de las características que realmente tenían y se aprovechaban de la
confianza que los clientes poseían en su entidad de “toda la vida”. La clave
estaba en omitir la información. Además,
para verificar que el comprador poseía los conocimientos precisos para poder
adquirirlo, debían realizarle previamente un test de idoneidad para cerciorarse
de que dicha persona obtenía los productos siendo consciente de los riesgos que
suponían. En este vídeo de TV, podemos comprobar que “ancianos de 90 años” no son el perfil idóneo de cliente para
comprar estos productos. Los testimonios de cada uno de ellos son
desgarradores.
Se calcula que la cifra
de afectados por las preferentes ronda los 700.000 [1]. A
la cabeza de la emisión se encuentran las entidades de La Caixa, Bankia y BBVA.
Esta última fue la primera en emitir participaciones preferentes en el año
1998.
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| Fuente: El Defensor del Pueblo, “Estudio sobreparticipaciones preferentes” |
Como
vemos, su origen ya se remonta a más de una década. Pero no fue hasta el año
2008 cuando se produce su enajenación de forma masiva, coincidiendo con los
primeros años de la crisis. Esto no es una pura coincidencia, en aquel momento
las entidades comenzaban a notar sus pequeños problemas de insolvencia,
mientras que la crisis aún no estaba del todo presente. No pensaron que
llegaría tan lejos, sino que aquel era un problema pasajero, por eso decidieron
acudir a la emisión de estos productos. Pero se le fue de las manos y no le
salió como esperaban. Años después cuando la crisis se asentaba en la sociedad,
la gente acudía en busca de sus ahorros y se encontraba con que no podían recuperarlos.
¿Cómo podemos calificar esta conducta? Inmoral,
robo, deshonestidad, engaño… Les vendieron una “altísima rentabilidad, dinero
al momento”, y con estos argumentos conseguían captar a los ahorradores. Hay
quienes apuntan que el problema radica en “la incultura financiera de los
españoles, en su imprudencia y en los errores que cometen los afectados”, como
dijo Manuel Llamas en uno de sus artículos [2].
Bien
es cierto que los afectados han depositado total confianza en sus entidades y
eso, en parte, es lo que le ha llevado a esto. Sin duda, todo esto ha sido lamentable “vivimos una
gran mentira” (así lo cree el escritor y periodista David Pérez Tallón), donde
aprovecharse de la sociedad y de la confianza proporciona rentabilidad. Cierto
es, que el proceso de arbitraje que se está siguiendo está devolviendo el
dinero a muchos de los clientes, pero el “mal rato” que les han hecho pasar ya
no se lo quita nadie.
Desde mi punto de vista VERGÜENZA, puede ser una buena
palabra que resuma la situación que hemos vivido. Este proceso se origina como
una forma de resolver el conflicto creado entre entidades e inversores sin la
necesidad de que estos últimos acudan a los juzgados ya que es realizado por la
propia entidad. El afectado presenta su petición a la entidad para ser acogido
al proceso de arbitraje y que le devuelvan su dinero y atendiendo a las características
del inversor y la situación en la que se ha producido la comercialización, se
toma una decisión. Dichas características tienen una orden de preferencia y son
las siguientes: en primer lugar, se atenderá a aquellas personas que tengan mayor necesidad, seguido del criterio
de la edad (de mayor a menor) y de
los conocimientos financieros que
poseen. Todo ello bajo una comisión supervisora formada por miembros de la CNMV
y del BE. [3]
Pero
aún quedan muchas incógnitas por resolver: ¿quiénes han sido los culpables?, ¿los
consumidores por haber adquirido dichos productos?, ¿los bancos por habérselos
vendido?, ¿el gobierno por haberlo permitido? En teoría, las entidades
financieras están supervisadas por una entidad mayor, el Banco de España, que
se supone que vela por el bienestar del conjunto de la sociedad, así como
también la CNMV un organismo protector, supervisor y que busca la transparencia
en los mercados financieros. ¿Qué papel han jugado estos organismos? ¿Han
cumplido alguna de sus funciones? Muchas incógnitas, y tan solo unas víctimas
afectadas de verdad, la gente
humilde y honesta de la sociedad.
[1] Cifra emitida por ADICAE (Asociación dedicada a
proteger a los usuarios bancarios), aunque el Ministro de Economía Luis de
Guindos, en la comparecencia del 22 de marzo de 2012, la cifra en
300.000.
[2] "Preferentes: ni fraude ni estafa ni engaño". El autor es analista del instituto Juan de Mariana y redactor jefe
de Economía en Libertad Digital.
[3] Adicae
lo resume en el gráfico que se puede ver aquí.
